Avanzada Progresista se pronuncia frente a la sentencia inconstitucional del TSJ que atenta contra la democracia en Venezuela

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El Partido Avanzada Progresista, cuyo Presidente es el conocido gobernador de Lara Henry Falcón, se ha pronunciado en contra de la polémica acción del Tribunal Supremo de Justicia realizada el pasado jueves, organismo que se adjudicó las funciones de la Asamblea Nacional y además, le retiró la inmunidad a los parlamentarios de la MUD. AP calificó estas acciones como un hecho que “no tienen precedentes en la historia democrática venezolana” hiriendo de muerte la esencia de la República de Venezuela.

A continuación les compartimos el comunicado íntegro de este partido:

Ante las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, las cuales, no tienen precedentes en la historia democrática venezolana, Avanzada Progresista, manifiesta lo siguiente:

El TSJ, con estas sentencias, se ha tomado atribuciones que no le asigna la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, con lo cual, ha herido de muerte, a la esencia de la república y de la democracia nacional.

En diciembre de 2015 una contundente mayoría de venezolanos le envía, un inequívoco mensaje a quienes gobiernan el país y controlan la mayoría de los poderes públicos en Venezuela, al elegir por voto popular un parlamento mayoritariamente opositor, exigiendo así un cambio de rumbo.

El poder constituido desoye a la mayoría y se inclina por la triquiñuela. El Tribunal Supremo de Justicia, arguye una supuesta ilegalidad de la elección de los diputados del estado Amazonas. Desde entonces e TSJ bloquea la labor del Poder Legislativo con una figura que proviene más de la arbitrariedad que del pensamiento jurídico, el desacato. Bloquea leyes que intentan beneficiar a los sectores populares afectados por el deterioro de la situación económica, leyes que persiguen rescatar la transparencia en la construcción y ejecución del presupuesto nacional, pero en esencia, desconoce la voluntad de los electores al desconocer a quienes por mayoría calificada fueron electos para Legislar, controlar a los demás poderes públicos y representar políticamente la diversidad y la democracia.

Mientras tanto, la crisis económica se profundiza, la esperada estabilización de los precios del petróleo no ocurre y la escasez de alimentos y medicinas se agrava, cada día más.

Los venezolanos conocen escenas de hambre y desesperación desconocidas en la historia reciente. El gobierno permanece a la espera de financiamiento exterior, lo que requeriría del concurso del poder legislativo para que el endeudamiento esté apegado a derecho. Las contradicciones en el seno de las fuerzas que respaldan al gobierno se agudizan, los más humildes sufren frente a la incapacidad del gobierno de solucionar los problemas y reponer la vida republicana.

La búsqueda de soluciones a la crisis lleva a la oposición por el camino constitucional del Referéndum Revocatorio. Una vez más, una triquiñuela leguleya cierra las puertas de salida hacia una consulta popular. En diciembre de 2016 se elude, sin argumento alguno, la consulta al pueblo y se suspenden las elecciones de gobernadores y legisladores regionales. Cuando se ha perdido la voluntad de las mayorías, los que detentan el poder, acuden a fórmulas autoritarias contrarias a la cultura republicana y a la Constitución.

Las sentencias 155 y 156 son los últimos y más peligrosos zarpazos a la Constitución, la democracia y la vida republicana. Un paso adicional en la línea de ruptura del hilo constitucional, en definitiva, un golpe de estado por etapas, en el que un poder público delegado (y electo sin tomar en consideración la norma constitucional) borra de un plumazo y asume las funciones de un poder público originado con el voto popular. Se trata de una temeridad que nos conduce inequívocamente hacia la dictadura.

Aún, más peligroso, nos parece el discurso de algunos voceros del partido de gobierno en el que, en la más pura tradición totalitaria, divide a los venezolanos en patriotas y traidores a la patria. Nadie alienta invasiones extranjeras y si alguien lo hiciere, nos apresuraremos a condenarlo, como condenaríamos, sin cortapisas, la represión criminal o la detención arbitraria de diputados o dirigentes opositores.

Ante la actuación totalitaria por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, todos, absolutamente todos los venezolanos, estamos llamados a unirnos y condenarla con la mayor firmeza posible. Opositores y chavistas, obreros y campesinos, emprendedores y estudiantes, todo ciudadano de convicción democrática que evidencia, que la Constitución Nacional, está siendo violada como regla fundamental que norma el funcionamiento de la democracia, tiene el deber de defenderla.

La Fuerza Armada Nacional, también está llamada a preservar la legalidad abiertamente vulnerada y a reponer la concordia que es la única forma de devolver a la gente la calidad de vida perdida.

Es el tiempo de la UNIDAD DEL PUEBLO para proteger la democracia, los valores y los derechos de la gente a la libertad y la prosperidad.

Que la acción del pueblo impida el surgimiento definitivo de una dictadura del siglo XXI en Venezuela.

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