CIDH denuncia supuestas ejecuciones extrajudiciales en el gobierno nicaragüense de Daniel Ortega

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A solo pocas horas de levantarse la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición de Nicaragua, ya han fallecido dos personas por las protestas desatadas tras este anuncio. Según la agencia de noticias EFE, todo inició cuando organizaciones armadas, a la orden del presidente Daniel Ortega, se dieron a la tarea de levantar barricadas ubicadas en distintos sectores de la capital.

Ante estas nuevas informaciones, también surgió la denuncia por parte de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH), que supone homicidios por parte de cuerpos armados afectos al gobierno izquierdista de Ortega, fuera de los requisitos judiciales establecidos legalmente en ese país.

Esto fue expuesto tras recolectar información para un examen general sobre la situación en Nicaragua, desde el pasado 17 de mayo hasta el 21 del mismo mes. En el informe, también se denuncian graves violaciones de los derechos humanos en distintas zonas del país, que ya contabilizan 860 heridos y 78 muertos.

Otra de las acciones realizadas por esta organización, fue la emisión de medidas cautelares para 13 estudiantes que se hayan en grave peligro de vida, tras participar en las protestas contra el gobierno. El informe señala que éstas son previstas para velar por la vida de los jóvenes quienes están en grave condición y su “integridad personal en riesgo”.

Vale destacar que es la primera manifestación hecha por la CIDH luego de iniciados los conflictos entre civiles y gobierno hace más de un mes, luego de establecida la reforma de Seguridad Social, que ha terminado por exigir la destitución inmediata del mandatario. A esto se suman denuncias por abuso de poder y corrupción.

También señalaron que los ciudadanos nicaragüenses padecen constantes ataques, que en varios casos, se dan con la difusión de pancartas que muestran sus “rostro del caos”, como los llama el gobierno (estudiantes y civiles). Y que además exponen información personal relacionada con familiares. También se denuncian amenazas de muerte a través de celulares o redes sociales, y seguimiento en motocicletas o camionetas.

Entre otras medidas, también exigieron al Gobierno de Ortega, que abra comisiones de investigación ante las denuncias expuestas, y la realización de un informe dirigido a la comisión sobre la ejecución y desarrollo de las medidas que se adopten al respecto.

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